El 72% de las empresas chilenas no está lista para la nueva Ley de Datos Personales: la amenaza se esconde en bodegas y computadores viejos

Una encuesta realizada a 127 organizaciones por LemonTech y la Asociación Chilena de Ética y Compliance reveló que siete de cada diez empresas en Chile admite no estar preparada para cumplir con la nueva Ley de Protección de Datos Personales. Más preocupante aún: casi la mitad no ha tomado ninguna medida concreta. Entre las pequeñas empresas, el panorama es peor: nueve de cada diez reconocen que no están listas.

La Ley 21.719, que moderniza el marco de protección de datos personales en el país, establece reglas claras: la información de personas solo puede guardarse mientras sea estrictamente necesaria y, una vez cumplido su propósito, debe eliminarse o anonimizarse. Además, las organizaciones están obligadas a protegerla ante filtraciones o pérdidas. Quienes no cumplan se exponen a sanciones que, en los casos más graves, pueden superar los $1.400 millones por infracción.

Hasta ahora, el debate ha girado en torno a sistemas informáticos y bases de datos digitales. Sin embargo, el estudio advierte que el 85% de las empresas gestiona estos temas con procesos manuales o herramientas genéricas. Eso deja un flanco expuesto que pocas organizaciones están mirando: cajas con contratos, liquidaciones de sueldo y fichas de clientes apiladas en bodegas, junto a computadores, discos duros y teléfonos corporativos dados de baja que nunca fueron borrados correctamente.

Juan Ianchina, gerente de Bendito Residuo, empresa especializada en gestión de residuos tecnológicos, lo grafica así: "Fin de año es cuando las empresas ordenan, cierran presupuesto y descubren lo que acumularon. Es una especie de Diógenes corporativo: nadie sabe qué hay en esas cajas ni en esos equipos, pero casi siempre hay datos de personas".

El problema no es solo legal. Chile genera cerca de 220 mil toneladas de residuos electrónicos al año, lo que equivale a más de 10 kilos por habitante, y recicla menos del 5% de ese total. La Ley REP para aparatos eléctricos y electrónicos, cuyo decreto fue publicado en mayo, fija metas de recolección que parten en 3% y deben alcanzar el 45% al décimo año, con exigencias que comienzan a regir desde 2028.

En la práctica, esto significa que muchas empresas enfrentan hoy un doble riesgo:

• Legal: conservar datos personales en soportes físicos o digitales sin control puede derivar en multas millonarias bajo la nueva ley.
• Ambiental: desechar equipos sin un proceso certificado de destrucción de datos y reciclaje responsable incumple también la normativa medioambiental vigente.

Para las personas comunes, el impacto es directo: sus contratos de trabajo, historial médico o información financiera podrían estar en una bodega olvidada o en un computador que terminó en la basura. La nueva normativa apunta precisamente a que eso deje de ocurrir, pero el reloj corre y la mayoría de las organizaciones aún no ha dado el primer paso.